En estos momentos hay en España 4.812.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran y 16.212.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).Siendo grave la situación de tantos parados en todo el territorio nacional, sin contar con aquéllos que han decidido arrojar la toalla y no están apuntados en las oficinas de empleo, los peor es que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) está colapsado cada vez más y no tiene visos de solución.
Se calcula que sólo en Madrid hay unos 41.000 expedientes esperando que se resuelvan, pero esta situación sucede igual en la Comunidad Valenciana, en Galicia, Aragón, etc.
A finales del año pasado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encabezado por Fátima Báñez, tuvo la feliz idea de externalizar parte de la revisión y resolución de los expedientes a una empresa privada, Tragsatec, mediante una encomienda de gestión. De esta forma, evitó que se produjera un concurso o una licitación a la que se hubieran teni
do que presentarse varias ofertas. Ya hemos visto como gran parte de los problemas de España, según la visión que tienen los dirigentes del PP, es la externalización, pero la cruda realidad es que casi nunca funciona correctamente.
Fuentes sindicales siguen quejándose de la falta de personal y los usuarios tienen que hacer auténticos encajes de bolillos para que le den cita. El sistema de cita previa sería el ideal si hubiera más personal que luego pudiera atender las solicitudes, revisiones y demás papeleos, pero el primer problema es que se oferta cita con dos meses vista y el primer día de cada mes se llenan, por lo que hay que esperar otros dos meses a ver si tienes suerte para poder lograr la famosa reunión. Luego se produce el famoso colapso, ya que hay que revisar uno por uno todos los expedientes por personal cualificado, entre ellos letrados.
Es increíble que al principal problema de España como es el desempleo y el desamparo de muchos trabajadores cuyos empresarios han dejado de pagarles las indemnizaciones o los salarios el Ministerio no haya puesto todas las medidas necesarias y urgentes para que, por lo menos, los trabajadores puedan tener un fallo de su situación cuanto antes.
Hay que señalar que actualmente como mínimo hay que esperar año y medio o dos años para que se resuelva un expediente, a lo que hay que añadir el tiempo para solicitar cita, y mientras, el personal, como en el caso de Madrid, sigue en unas instalaciones obsoletas, en la Plaza de Santa Bárbara, sin dar abasto. Menos mal que son de los funcionarios considerados eficientes, porque si no el caos sería total. Además, muchos de esos trabajadores, cuya remuneración final va a ser muy inferior a la que los jueces han dictado, necesitan el dinero de una forma imperiosa, ya que han dejado de cobrar prestaciones o subsidios. Mientras, a los empresarios golfos, que por desgracia cada vez hay más, les dejan seguir haciendo contratos que luego no cumplen y no sucede nada.
Miguel H. H.
