El Tribunal Supremo tiene la palabra. La jueza Mercedes Alaya ha hecho su trabajo tras tres años minuciosos en relación al vergonzoso ‘caso de los ERE de la Junta de Andalucía’. Ahora, esperemos que la causa no se dilate más en el tiempo. El Alto Tribunal tiene una buena oportunidad para desenmascarar a los aforados , señalar a los corruptos y acabar con los privilegios que goza algunos que nos representan con nuestros votos. Nada más y nada menos que nueve políticos están encausados. Su identidad no ha sido facilitada, pero las quinielas apuntan a Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ex presidentes de la Junta y a cinco ex consejeros: José Antonio Vera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano, Antonio Ávila Cano, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.
La documentación consta de 376 folios y el Tribunal Supremo se enfrenta al mayor caso de corrupción en España. Un caso que cuenta con 201 imputados y que acumula 300.000 folios en los que analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación con 582 millones de euros pafados y 275 subvenciones a empresas concedidas (127 millones) entre 2000 y 2012.
Habrá que esperar hasta primeros de septiembre para que haya movimientos. La Sala de vacaciones del Alto Tribunal dictará una resolución escueta y rutinaria en el envío del expediente a la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo que será le sección encargada de la investigación penal contra los aforados.
A continuación, dicha Sala nombrará al magistrado como ponente de la causa, que tras estudiarla, hará una propuesta al resto de magistrados de lo que debe hacerse. Por su parte, el fiscal elaborará su informe sobre la competencia del tribunal. A continuación, la Sala se reunirá y decidirá si comparte los indicios de delito que la juexa Alaya ha visto sobre alguno de los nueve aforados y decidirá si asume la parte de la causa de los aforados, varias partes de la misma o toda.