Iñaqui Urdangarín y la Infanta Cristina.
Este martes la Fiscalía Anticorrupción a través del fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su acusación contra 14 de los 20 imputados en el ‘Caso Nóos’. Para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin solicitará entre 18 y 20 y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.
Fuentes jurídicas precisan que el Ministerio Público reclama que la Infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles ‘pantalla’ que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.
Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar ‘in extremis’ en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.
Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
Otro de los imputados es el ex presidente Balear, Jaume Mates, tan en boga últimamente por su tercer grado, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de exaltos cargos de las islas -el exdirector general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
