La crisis iniciada en 2007 se llevó por delante la burbuja inmobiliaria. En los años posteriores de la aparente bonanza, más de un ciudadano o ciudadana de nuestro país tuvo que pagar el metro cuadrado a un precio desorbitado. Si uno o una quería tener una casa debía hacerlo. Y de manera paralela fomentar la bigamia. A la vez de casarse con la persona escogida debían hacerlo con el banco de turno.
Y más de uno y una pasó por el aro. Era lo que se estilaba. No había otra. Había que empeñarse y rezar por tener una salud de hierro y un trabajo eterno para acabar con la dichosa hipoteca. Además, los bancos daban créditos como churros. Financiaban la operación al cien por cien. Hubo alguno que otro que aprovechó para cambiar de coche e incluirlo en el lote. No se leyó la letra pequeña. Bien que lo está. Nadie pensaba las trágicas consecuencias que podían traer algunas fatídicas cláusulas del contrato de la hipoteca. La crisis, aparte de destrozar puestos de trabajo, trajo los desahucios. Familias destrozadas que perdieron de la noche a la mañana su hogar, pero ahí no acabó su pesadilla. Se quedaron sin su piso y además con una deuda de por vida con la entidad bancaria. Una carga que llevarán hasta el resto de sus días y que posiblemente nunca puedan liquidarla. A esas familias se las niega una segunda oportunidad para poder partir de cero. A sus espaldas tendrán siempre el aliento del cobrador. Con o sin frac. Dado los tiempos convulsos que estamos viviendo lo más justo sería la dación del piso en pago y santas Pascuas. Ni el Gobierno del PSOE ni el del PP han movido un dedo para fijarlo. Insolidarios. Siempre, desde su atalaya nunca miran a los de abajo. Solo se adecúan a los tiempos cuando les interesa a ellos.
Como tampoco tiene lógica que uno cuando mira el recibo del IBI observa que está pagando un impuesto por un piso que ve como año tras año ve su precio devaluado. Estamos haciendo el ‘primo’. En vez de revisarlo se sube. La ‘burbuja inmobiliaria’ explotó, pero su herencia aún la pagamos. Según ha denunciado la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), en lo últimos seis años, en Madrid ha caído en un 40 por ciento el precio de los inmuebles, mientras que en Barcelona lo ha hecho en un 33 por ciento y un 23 en Valladolid. De manera paralela, el recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ha subido en un 54 por ciento en los últimos cinco años.
Otra bofetada para los ciudadanos que han visto reducido su poder adquisitivo. Lo justo es que este impuesto suba cuando se revaloriza el valor de los inmuebles, pero no al revés como está sucediendo ejercicio tras ejercicio, pero la caja registradora de los Ayuntamientos, sea del color de la gaviota, de la rosa o de lo que sea, no le hace ascos para que suene el clic. Con ello han contribuido a cuadrar sus presupuestos y tapar agujeros para justificar sus gestiones. . Eso sí, a costa de los contribuyentes. De los ciudadanos. De los españolitos. Que cada día observan los desmanes de políticos o sus satélites con casos de blanqueo de dinero, desviaciones o corrupciones, y que campan tan tranquilos a sus anchas. Y mientras, los españolitos, calladitos y haciendo el ‘primo’. Luego, nos quejaremos por tonterías.