Querella contra Mas por el 9-N. No podía ser de otra forma

Eduardo Torres-Dulce, fiscal General del Estado.

Por fin el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se moja y decide querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por la celebracion del 9-N, a pesar de la oposición de la junta de fiscales catalanes, encabezados por el fiscal superior de esa comunidad, José María Romero de Tejada.

No vamos a entrar en el fondo del asunto, sino en la forma. Cuando suceden hechos como el acaecido el 9-N nos llenamos la boca – sobre todo os políticos- al asegurar que vivimos en un Estado de Derecho y su principal característica no es otra que el imperio de la ley y que ésta es igual para todos. Tendrá razón o no Mas y los catalanes que le siguen, pero lo que parece claro, por eso la querella, es que ha incumplido la ley y que tendrá que sufrir las consecuencias. Lo contrario invitaría a que cualquier Administración del Estado hiciera de su capa un sayo y pudiera saltarse la ley a la torera en cuanto quisiera, y eso nos conduciría a la anarquía.

¿Quién sabe? A lo mejor la anarquía es lo que necesitamos en este país, pero desde luego, mientras sea un Estado democrático de Derecho la ley debe imperar.

Hartos, bastante hartos estamos todos los españoles que no vivimos en Cataluña, y muchos de los que allí habitan, del empeño nacionalista por conseguir segregar a Cataluña del resto del Estado.

A lo largo de la Historia española siempre ha ocurrido lo mismo, en tiempos de crisis los nacionalistas han dado un paso al frente para ponerse al frente de sus reivindicaciones, incluso los que hasta hace muy poquitas fechas se consideraban de derechas, como es el caso de CIU y siempre ha habido problemas que se han saldado con fractura social, muertes e intervención del Ejército. No es de extrañar que hoy mismo el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Jaime Domínguez Buj, haya afirmado, preguntado por la situación en Cataluña, que «cuando la metrópoli se hace débil» es cuando «se produce la caída» y que «procesos» de este tipo se producen «cuando el poder central es débil», como ocurrió, ha recordado, cuando España perdió sus últimas colonias en 1898. No obstante, ha dejado claro que no cree que el problema se resuelva con «el empleo de la fuerza».

Para evitar posibles tentaciones, volvemos al Estado de Derecho, la ley debe imperar y el fiscal General del Estado debe velar porque así sea, sin presiones políticas ni sociales, aunque visto el papelón que ha jugado Torre-Dulce hasta ahora parece poco creíble.

Lo cierto es que la justicia es lenta, pero todo político, más si es el presidente de una institución del Estado, debe tener siempre su aliento en el cogote, porque si no, se desmoronaría todo lo demás.