Hechos demostrados: la Lomce en particular, y el PP en general, se empeñan en atentar contra la educación pública. Todavía no está operativa a nivel académico la ley rechazada por toda la comunidad educativa -el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite los recursos de la oposición- pero sus efectos se dejan sentir notablemente en lo administrativo. En Madrid, en pleno periodo de matriculación, hay  institutos que han descubierto que no podían tramitar la reserva de plazas para 1º de ESO porque la Consejería de Educación ha decidido, sin informar siquiera a los Consejos Escolares, cerrarlos y reconvertirlos en institutos especializados de ciclos formativos de Formación Profesional. Claro, gracias a Wert, el Consejo Escolar deja de tener capacidad de aprobar cualquier decisión administrativa, se convierte en un mero órgano consultivo, al que simplemente hay que “informar” pero no es necesario escuchar.

Diálogo, cero. Las explicaciones, peregrinas, no basadas en estudios ni datos –o al menos no los han hecho públicos- como que por causas demográficas no hay demanda suficiente en esos centros, que es “peligroso” que convivan alumnos de Secundaria o Bachiller con los de FP -¿qué pasa, que los de Formación Profesional son gente de cuidado?- o que es más eficiente tener institutos grandes que centros con dos aulas por línea. Sería deseable, cierto, pero el Estado debe garantizar las mismas condiciones para todos y proveer en algo esencial para la sociedad como la educación.

Lo que no cuentan es que mientras dicen que no hay alumnos suficientes para el colegio público, han autorizado abrir aulas nuevas en el concertado que está al lado. Porque la LOMCE dice que garantizará la escolarización teniendo en cuenta la oferta de plazas públicas, pero también las concertadas y privadas. Vamos, que si en tu pueblo ya tienes un concertado, aunque sea de los Legionarios de Cristo y tú seas ateo, no te van a hacer uno público. Y si no puedes pagarlo, pues carretera y manta y a buscar el más cercano. No olvidemos que pese a recibir financiación pública, los concertados cobran su consentido “impuesto revolucionario” en forma de donativo a los padres, que te pasan recibos extras por conceptos como gastos de secretaría y que sus actividades extraescolares, desde la atención a los niños que entran antes hasta las clases de balé, son más caras. Hasta el comedor es más caro. No tengo datos oficiales, pero me consta que en mi entorno más de una y más de dos familias con dificultades económicas han tenido que sacar a sus hijos del colegio concertado porque no podían pagarlo. Tampoco hay becas, muchos han podido afrontar la adquisición de libros –otra indecencia a la que no meten mano, su precio e inutilización de un curso para otro- gracias a las iniciativas de las Ampas, no precisamente del gobierno.

Protestas en el IES Rosa Chacel

Esto no es libertad de elección. Es empujar a los ciudadanos a una opción más cara, que puedes plantearte si puedes pagarla. Si no, pues mandas a tus hijos a otro colegio a cinco kilómetros de casa, y te gastas lo que no tienes en abono transportes y comedor. Eso sí, son bilingües, o más bien, analfabetos en dos idiomas, esa es otra. Además, ¿dónde se han cargado los institutos de ESO y Bachillerato? Casualmente, en barrios deprimidos: el IES Rosa Chacel en la UVA de Hortaleza, en Ciudad Lineal el IES Barrio de Bilbao, el Luis Buñuel de Alcorcón con alumnos de integración… Los hijos de los pobres tendrán todas las opciones para seguir siendo mano de obra barata. 

About Maria Tello

Periodista con más de 20 años de experiencia en información política y local de Madrid. Apasionada de la lectura y la historia.

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