Las BESCAM, una buena idea convertida en arma política

Las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) siguen dando quebraderos de cabeza a muchos municipios de la Región. Qué lejos quedan aquellas palabras de 2004 de Esperanza Aguirre en Móstoles cuando decía en la presentación de este nuevo servicio: “Hoy es un mal día para los maltratadores, para las mafias internacionales y para todos los delincuentes, porque ya está en marcha el proyecto estrella en materia de seguridad en la Comunidad de Madrid”.

Entonces, muchos pensaban que era más una jugada legal de la presidenta de la Comunidad para tener una policía propia, al estilo de Cataluña y País Vasco, que para ofrecer un servicio válido.

A pesar de lo infantil y un poco ridículo logo de la policía madrileña, que se puede observar en la Carretera de Colmenar, donde está la academia de policía –los que pasan por allí la denominan la Loca Academia de Policía– es cierto que en estos poco más de ocho años se ha ganado el respeto y la admiración de todos, por la profesionalidad de los agentes y porque han venido a ser un punto de autoridad en municipios en los que la Guardia Civil no daba abasto.

Pero hay un gran problema en todo este asunto de la BESCAM y es que la Comunidad de Madrid se comprometió a financiar el cien por cien de los gastos y de dotar de equipo humano y material –en su mayoría coches patrullas- a los municipios que se acogieran al plan.

Así ha sucedido mientras la economía ha ido bien, cuando la Comunidad de Madrid estaba en la Champions League de la economía mundial, y como suele suceder en todos estos casos no se previeron las consecuencias: que la Comunidad de Madrid con los recortes que ha sufrido en los presupuestos en los últimos años no podía seguir sufragando totalmente este equipo policial, que los municipios han utilizado a muchos agentes a labores que no les correspondía y que la dotación por agente estaba sobredimensionada.

El proyecto en su inicio comenzó con 2.500 agentes repartidos en 11 municipios de la región y dotado con 90 millones de euros, lo que equivalía a decir que cada puesto saldría a unos 35.000 euros por –no es lo que cobran, es lo que cuesta el puesto de trabajo en su totalidad, con las dotaciones necesarias- pero ya a finales del año pasado comenzó el run run de que el Ejecutivo madrileño iba a dejar la dotación para las BESCAM en la mitad, es decir en unos 18.000 euros por agente, y que el resto lo tendrían que pagar los propios municipios.

Se armó la mundial entre los alcaldes. Si, entre todos los alcaldes, en su mayoría del PP, que no estaban dispuestos una vez que les habían puesto el caramelo en la boca a tener que pagarlo. Y eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, dotar a muchos municipios de agentes BESCAM y ahora no quiere pagarlos, cuando se comprometió y está firmado un convenio hasta 2018.

¿Cuál fue la solución? Tras múltiples reuniones en calle Génova de los alcaldes con la ejecutiva madrileña del PP y de la Federación Madrileña de Municipios, el equipo ya liderado por Ignacio González decidió subir la dotación en los presupuestos de la Comunidad de 45 a 68 millones de euros, eso sí tras una inspección severa del funcionamiento de los agentes.

Múltiples irregularidades se observaron en casi todos los municipios, sobre todo del Sur de la Comunidad. Tanto Getafe, como Leganés tuvieron que dar muchas explicaciones, pero nada tan grave como Parla y Arrollomolinos. Precisamente una liderado por un alcalde socialista, José María Frailes, y otro por uno del PP, Juan Velarde.

De Parla casi ya no se puede decir nada, tras el paso como Atila por allí del ahora líder regional del partido, Tomás González, sólo que ahora Salvador Victoria, Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, ha visto la oportunidad de montar un escándalo político y desviar atenciones con el requerimiento judicial de los coches patrulla a la localidad parleña. De esta forma se olvidan todas las quejas de los propios alcaldes de su partido, les mete el miedo en el cuerpo y se deja de hablar de Juan Velarde, uno de esos alcaldes que tanto abundan en la zona Sur de la Comunidad de Madrid que se creen que el cortijo es suyo.

En definitiva, una buena iniciativa, que resultó ser más efectiva de lo que muchos pensaban, se ha convertido en un problema por falta de financiación, y en un arma política. Sólo hubiera faltado que los agentes que persiguieron a Esperanza Aguirre para multarla hubieran sido de la BESCAM.

José Luis García Jiménez