Parece, como hemos demostrado en esta misma página web, que si hubo más altercados de los que afirmaron los medios convencionales durante la coronación de Felipe VI. Altercados que se produjeron no por parte de los manifestantes, sino por parte de la autoridad que se excedió en su autoridad al retirar banderas republicanas y detener al agente. El caso más conocido el de Jorge Verstynge.
En este sentido, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia , ha pedido al Ministerio del Interior que explique los «motivos» que llevaron a la Policía a detener a varias personas en el marco de los actos de proclamación de Felipe VI.
«Ante la decisión del Ministerio del Interior de prohibir banderas y símbolos republicanos, así como conductas a favor de la República, durante el día de la proclamación de Felipe VI, debe recordarse que se trata de restricciones de las libertades que no están amparadas por nuestro ordenamiento jurídico», ha indicado este sábado en un comunicado.
A su juicio, «se han prohibido actos pacíficos de disconformidad, que son propios de una democracia constitucional» y «especialmente grave» son las detenciones que se han producido «sin que se hayan aclarado los motivos de las mismas».
Para Bosch, estas prohibiciones se han basado en «unos supuestos riesgos de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes, que eran meras conjeturas y no tenían fundamento alguno, como los hechos han demostrado de forma clara».
En este sentido, ha defendido que «en una democracia plural no se puede favorecer institucionalmente un ideario político determinado, pues el orden público que se debe salvaguardar es el de la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos».
«Cualquier forma pacífica de ejercicio de la libertad ideológica y de la libertad de expresión debe ser respetado, siempre y cuando no altere los derechos y libertades de los demás», ha dicho, al tiempo que ha añadido que «cualquier actividad que exprese las preferencias por la república, por la monarquía o por cualquier opción ideológica debe ser garantizada por los poderes públicos, sin ningún tipo de interferencia».
Según ha asegurado, «resultan preocupantes las crecientes intromisiones en las libertades con el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana. Y carece de justificación la criminalización de la discrepancia pacífica. Todo ello nos está llevando a una democracia de más baja calidad y a unos derechos fundamentales cada vez más devaluados».