El manejo de dinero B en las cuentas del Partido Popular durante años parece confirmarse cada vez más. Ya ni siquiera los más acérrimos seguidores del partido, que con su buena voluntad creían lo que decían sus dirigentes, dudan de que algo huele muy mal. La única excusa que les queda es que los tesoreros y gerentes que han gestionado las cuentas son los corruptos, pero que los primeros espadas no sabían nada.
La última confirmación viene de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, que confirma en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el Partido Popular pagó con dinero negro una parte de la reforma que realizó en su sede de la calle Génova de Madrid entre los años 2005 y 2011.
El informe, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B.
Lo más sangrante es que los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude realizan una propuesta de regularización fiscal para las dos últimas certificaciones, que se llevaron a cabo en el año 2008, ya que el delito fiscal imputable a las obras de las plantas segunda y quinta se computó en 2007, por lo que habría prescrito.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ya constató el pago en negro de las obras en la sede del PP en un auto dictado el pasado 7 de abril en el que imputaba a tres antiguos empleados de Unifica y señalaba indiciariamente que la remodelación fue sufragada «con fondos ajenos al circuito económico financiero», correspondientes a la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas.
Esperemos que los juicios salgan cuanto antes y que desde la Fiscalía se investiguen otros partidos porque es de temer que sigue habiendo muchas cosas que ocultar.
